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jueves, 17 de abril de 2014

Reportaje a Arroyo


La Voz: 26/1/14
Con más de 45 años de ejercicio de su profesión, Rubén Arroyo es considerado el decano de los abogados especializados en la defensa de los derechos humanos en Córdoba. 
Le tocó comenzar a ejercer la abogacía en una época de fracasos democráticos, golpes y dictaduras, siendo testigo de los secuestros y exilios de sus colegas y de la complicidad de los magistrados cordobeses con las autoridades militares. 
Fue abogado de varios gremios, entre ellos Luz y Fuerza, en la época de Agustín Tosco. Tras la asunción de Raúl Alfonsín, en 1983, integró la Conadep Córdoba. Hoy está jubilado en el ámbito provincial, ejerce la copresidencia en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Córdoba y reflexiona sobre algunas confusiones que rodean a los organismos del área.
–¿Hubo un momento de su vida en que usted tomó la decisión de ser un abogado dedicado a los derechos humanos? 
–No, no fue una decisión: fuimos hijos de la necesidad. Yo me recibí de abogado en 1966 y, bueno, todos los abogados de mi generación vivimos una larga dictadura hasta 1983. Desde el principio, estuvimos como defensores de los presos políticos. Fui abogado del Smata, y representar a un gremio fuerte como ese, como después lo hice con Luz y Fuerza, hacía que al menos te respetaran más en los tribunales. Nos dedicábamos a sacar de la cárcel a compañeros detenidos en situaciones de hecho.
–¿Cómo reacciona el Poder Judicial cordobés a partir de 1974, cuando la provincia comienza a vivir la dictadura por anticipado, con secuestros y parapoliciales? 
–En ese sentido, los jueces son los seres más sensibles del mundo. Tienen la sensibilidad de las veletas (siempre hablando en general, no en absoluto). Fallan y tratan los asuntos según cómo viene el viento. El mismo juez que en la dictadura de Onganía te tenía mucho respeto porque a vos te respaldaba un sindicato que era símbolo de la resistencia, después te ponía otra cara. Hubo casos como el del juez federal Adolfo Zamboni Ledesma, que estuvo presente en un asalto armado a Luz y Fuerza y no había ido como juez, sino como alcahuete del brigadier Raúl Lacabanne y Héctor García Rey (N. del R: interventor provincial en 1974 y jefe de Policía, respectivamente). Los jueces responden según el viento.
–Y con el viento de la dictadura, ¿cómo se movieron en Córdoba? 
–Bueno, la cosa ya venía desde el gobierno de Isabel Perón, con estado de sitio, con ley de combate a la subversión. La dictadura recibe ese Poder Judicial, sobre todo a la Justicia federal, que era la que recibía los temas de lucha contra la subversión, y en Córdoba no mueve a nadie.
–¿Mantiene a los jueces apañados por dirigentes políticos, por la Iglesia?
–Sí, es la misma Justicia que ayudan a armar (el obispo Raúl) Primatesta y el general Luciano Benjamín Menéndez. Primatesta contribuye a construir en la Justicia un imperio político que comprometió a dirigentes, especialmente del radicalismo, pero también del peronismo. Menéndez, pese a su antiperonismo, demostró ser políticamente muy hábil, y tejió, a nivel judicial, algunos acuerdos. Después de la dictadura, Primatesta y algunos dirigentes políticos querían limpiarse diciendo que habían intervenido ante los militares para salvar algunas vidas.
–Eso habla del conocimiento que tenían. 
–Eso era la prueba de las relaciones que habían tejido durante la dictadura, y el escudo protector que tenían. Es una explicación desafortunada porque, si salvaron a alguien, no fueron nada más que acuerdos personales, puesto que sabían que había una masa numerosa de hombres y mujeres que estaban siendo secuestrados y asesinados en falsos enfrentamientos. Fue un período embromado, con abogados secuestrados. 
A veces, a los habeas corpus los firmaban los familiares solos, sin el patrocinio de los abogados, y esta es una confesión que no nos debe avergonzar. Cuando el habeas corpus era rechazado y lo teníamos que apelar, ahí sí lo firmábamos nosotros. Igual, todos sabían qué abogados éramos, si habíamos quedado tres o cuatro gatos locos.
–¿Además de usted, ¿quiénes más presentaban “habeas corpus” en esa época? 
–Me acuerdo de Luis Marcó del Pont, a quien los militares tenían muy marcado y luego debió exiliarse; Luis Reinaudi, que se recibió en el 75 y debutó con eso; Luis Angulo, quien luego fue ministro de Justicia provincial; y David Galina, que fue abogado del Partido Comunista. Rafael Vaggione también hizo defensas. Todos pasamos a ser perseguidos. Ser abogado en esas circunstancias era un oficio con peligro de muerte. Además de Zamboni Ledesma, había un juez, Gustavo Becerra Ferrer, nombrado y bendecido por Menéndez y Primatesta, que me recibía las denuncias, pero me reprochaba diciendo que Menéndez no había tenido nada que ver con el terrorismo de Estado. Dijo eso hasta el inicio de la democracia.
–¿Ustedes ya se veían como abogados defensores de los derechos humanos, o cuándo surge ese concepto? 
–No, eso fue algo posterior. Acá se habla de derechos humanos confundiéndolos o identificándolos con las tareas que uno hace o hizo en el enjuiciamiento del terrorismo de Estado. Desde la APDH, a los derechos humanos hoy los vemos desde otras perspectivas. No son propiedad de determinados organismos, no somos los dueños. Muchos identifican sólo a Madres, Abuelas e Hijos, pero también hay otras entidades que cumplieron un papel importante, como fueron el Servicio Paz y Justicia (Serpaj), con Pérez Esquivel a la cabeza, y María Elba Martínez, en Córdoba, o el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), que encabezó Emilio Mignone y hoy tiene como director a Horacio Verbitsky.
–¿Qué sucedió? ¿Algunos organismos se quedaron con un concepto de derechos humanos que se reduce a lo ocurrido durante la dictadura? 
–Sí, eso se dio. Es delicado, pero es recién en esta última etapa cuando comienza a identificarse a los derechos humanos con el Gobierno, siendo que todos los organismos deberíamos ser independientes de los gobiernos, porque los que violan los derechos humanos son los gobiernos, que son el rostro del Estado. Recibir cualquier tipo de subsidio o contribución económica, más tarde o más temprano lleva a confusiones. He visto a abogados de las causas por la verdad agradecer en sus alegatos al presidente Néstor Kirchner. Muchachos… ¿qué fue lo que no vieron? Agradecerle a la APDH histórica, a la Liga por los Derechos del Hombre, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es la que en 1992 obligó al Gobierno argentino a seguir investigando las violaciones a los derechos humanos pese a las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.
–¿Por qué el Juicio a las Juntas, realizado en Buenos Aires en 1985, no provocó que los juzgados federales del resto del país profundizaran las investigaciones y juicios? 
–Ahí se le escapó la tortuga a Alfonsín. El punto 30 de la sentencia dice que los crímenes de lesa humanidad que ocurrieron en diferentes jurisdicciones tenían que remitirse a esos lugares para continuar los juicios. El Gobierno quería enjuiciar a los altos mandos y terminar con esto rápidamente. Alfonsín cometió un error de porteño centralista. Ellos asumen, cambian la Corte Suprema y la Cámara Federal de Buenos Aires, pero dejaron intacta a la Justicia federal en el resto del país. Entonces, cuando llegan estas causas, la gente que estaba en la Justicia federal en Córdoba era gente de la dictadura. No sólo porque habían sido propuestos por gente de la dictadura, sino porque tenían las convicciones de la dictadura. Hubo jueces, como Zamboni Ledesma, que no actuaron por obediencia debida, sino por coincidencia ideológica. A la Justicia federal llegaban personas que habían sido torturadas, secuestradas, y esas denuncias nunca las llevaron adelante.
Las dos funcionarias que luego se dedicaron a las causas de derechos humanos fueron la jueza Cristina Garzón de Lascano, que era secretaria de Zamboni Ledesma, y la fiscal Graciela López de Filoñuk, que era secretaria de Ricardo Haro, quien en 1976 pasó de defensor a camarista federal. Todos esos funcionarios en la época de la dictadura sabían que se torturaba. Recibían denuncias, veían los pedidos de habeas corpus.
–¿Por qué no se unificaron los juicios por la verdad histórica?
–Habría que haber hecho dos o tres juicios solamente. Hay gente que está haciendo negocio con los juicios.
–¿Habla de abogados?
–Sí, y también de la Justicia. Para algunos puede ser dinero, para otros se trata de una cuestión de poder o de prestigio. Es una cosa miserable.
–¿Con esta dinámica, hay juicios para cuántos años más?
–Los juicios se tienen que ir agotando ya. Lo que pasa es que hay intereses creados. Salvo los familiares, a estos juicios la sociedad ya no les presta atención. A este ritmo pueden durar tres años más, pero, ahora, quieren abrir la otra puerta, empezar a juzgar a los que colaboraron económicamente con la dictadura.
–Lo que se llama la parte civil de la dictadura militar.
–Todas las dictaduras son cívico-militares. Toda dictadura, por ejemplo, tiene que contar con el cuerpo cívico que se llama Justicia, que avala todas las acciones. Quizá la conducta que tuvieron automotrices, como Mercedes Benz o Ford, o el Ingenio Ledesma sean casos graves, pero no empecemos a generalizar. En Córdoba, Renault y Fiat se portaron bien. Ahora, si nos vamos a poner a ver qué hacía Rubén Libros, o Clarín o las empresas que cada uno señale… Y a todo esto, los mismos tipos que señalan a otros con el dedo te quieren decir que el general César Milani no tenía por qué saber lo que ocurría durante la dictadura.
-¿Cómo ve que Milani haya tenido el apoyo de organismos de derechos humanos?
–Bueno, más que organismos son personas con nombre y apellido: Hebe de Bonafini y Estela de Carlotto, que son parte del Gobierno. No es toda la organización Madres. La línea fundadora, por ejemplo, no tiene nada que ver con esto. Bonafini ha dicho cada cosa... reivindicó ETA, los atentados contra las Torres Gemelas, ha dicho cada tontería... es cruel criticarla. Más grave me parece lo de Estela de Carlotto, porque se convirtió en un instrumento político, colocó a su familia en cargos públicos. Es un fenómeno que pasa en muchos ámbitos, pero que es particularmente doloroso en los organismos de derechos humanos. También en Hijos, con alguna gente que está haciendo de la desgracia de haber tenido un padre o una madre desaparecidos un carné para ascender políticamente y vivir de este Gobierno. Gente con la que he compartido mucho, que no tenían nada que ver con el kirchnerismo, y ahora son hiperkirchneristas, y el brevet que exhiben es ser hijo de desaparecidos. Es muy triste porque están negociando el apellido de sus padres. Es rufianesco, te diría. Muy doloroso, pero lo hacen. En la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación ha habido gran cantidad de nombramientos, tiene como 1.300 personas y no hay espacio físico para que esté ni la mitad. ¿Qué hacen esas personas? Supuestamente militan. Cobran y militan.
–¿La Secretaría nacional también ha reducido su concepto de derechos humanos a los episodios de los años 70?
–Han perdido los límites de la vergüenza. Fíjese que han indemnizado a los atacantes montoneros muertos en Formosa y a los soldaditos del cuartel les habían dado una asignación miserable. Las pensiones vitalicias que han aprobado ahora las van a cobrar personas que ya han recibido indemnizaciones. Los sobrevivientes de Malvinas ¿han recibido alguna vez indemnización como ellos? Es muy absurdo. Hay una idea de reparación, como si los presos políticos hubieran participado de una gesta histórica, y en realidad, fueron víctimas con distintos grados de participación política. Dicen que fueron héroes y mártires, es una falacia total. Fueron simplemente víctimas, como lo podría haber sido cualquiera de nosotros.
Rubén Arroyo está en su departamento de calle Pueyrredón, frente al Palacio de Tribunales. Libros, un mate, papeles. Está releyendo Un país al margen de la ley , del jurista Carlos Nino, sobre violaciones masivas a los derechos humanos en diferentes épocas y países.
Es una de las lecturas de consulta en estos días para el libro que está escribiendo sobre sus experiencias profesionales y la historia reciente, violenta, de Córdoba. Arroyo tiene un araña azul dibujada con venas en la punta de la nariz. Ojos celestes, el cabello blanco lanzado hacia atrás, unas cejas con pelos erizados como púas y una boca casi sin labios de la que brota una voz ronca.
–Se habla también de investigar como crímenes de lesa humanidad los ocurridos antes del golpe de 1976, durante el gobierno peronista .
–Hay quienes siguen insistiendo en considerar el terrorismo de Estado como hijo de las dictaduras, pero, en realidad, el terrorismo puede venir desde cualquier tipo de gobierno, aun de uno de origen democrático, como ocurrió en Argentina. El terrorismo ya existía abiertamente en 1974, antes de la dictadura, con fuerzas que actuaban ligadas al Estado. Una explicación de esto es que cuando Alfonsín triunfa y envía la ley al Congreso, al llegar al Senado, con mayoría peronista, ahí se decide que sólo se investigarían delitos a partir del golpe del 24 de marzo de 1976, porque si iban para atrás quedaban comprendidos todos los peronistas: Isabel Perón, el vicepresidente Ítalo Luder, López Rega y muchos más. Ahí surge esta historia que considera que el terrorismo de Estado es hijo de la dictadura militar. Eso no es cierto. Hay que hablar también de los crímenes cometidos por fuerzas policiales y militares en 19 75. En Córdoba, se dio el fenómeno de que todo era centralizado, orgánico, tanto lo militar como lo policial. No eran mafiosos aislados, de sindicatos, por eso acá se forma el Comando Libertadores de América.
–¿Cómo fue trabajar cerca de Agustín Tosco en esos años, antes de que él pasara a la clandestinidad?
–Estoy trabajando en un libro en el que voy a tocar el tema de las organizaciones armadas y las relaciones que t uvo Agustín en aquellos años. Agustín tenía relaciones políticas, simpatías personales, era independiente y mantenía relaciones con el Partido Revolucionario de los Trabajadores, con el peronismo, con el radicalismo, etcétera, pero tenía una enorme desconfianza de Mario Firmenich y de los otros cercanos a él. Tosco da una definición de Perón cuando le preguntan por la intervención de Córdoba: “Perón –dice– es un especulador”. Esa época nos dio el privilegio de conocer a personas extraordinarias. Tosco era una de las principales fi guras políticas del país.
–¿Lo consultaba a usted en asuntos legales?
–Él no necesitaba abogados laborales; él era su propio abogado. Tosco tuvo abogados, pero por su situación de persecución y prisión. Conocía muchísimo, era un hombre de una cultura extraordinaria, no sólo sobre la cuestión gremial, sino también sobre toda la problemática de los derechos humanos. Sus abogados le servían para mantener los contactos mientras él estaba en prisión, respondía reportajes a través de sus abogados pese a que le habían prohibido hablar con la prensa.
Un hombre comprometido
Rubén Arroyo es copresidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Córdoba. Es abogado, y lleva décadas dedicado a la problemática de los derechos humanos. Nació en Mar del Plata hace 75 años y, debido a su tuberculosis, su familia se vino a vivir a Córdoba cuando él tenía 17. Integró la Conadep Córdoba. Fue uno de los principales opositores a la designación de César Milani como jefe del Ejército, decidida a fines de 2013 por el Gobierno nacional. Tuvo cuatro hijos y tiene ya seis nietos.



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