La Voz:
26/1/14
Con más de 45 años de ejercicio de su
profesión, Rubén Arroyo es considerado el decano de los abogados especializados
en la defensa de los derechos humanos en Córdoba.
Le tocó comenzar a ejercer la abogacía en una época de fracasos
democráticos, golpes y dictaduras, siendo testigo de los secuestros y exilios
de sus colegas y de la complicidad de los magistrados cordobeses con las
autoridades militares.
Fue abogado de varios gremios, entre ellos Luz y Fuerza, en la
época de Agustín Tosco. Tras la asunción de Raúl Alfonsín, en 1983, integró la
Conadep Córdoba. Hoy está jubilado en el ámbito provincial, ejerce la
copresidencia en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Córdoba y
reflexiona sobre algunas confusiones que rodean a los organismos del área.
–¿Hubo un momento de su vida en que usted tomó la decisión de
ser un abogado dedicado a los derechos humanos?
–No, no fue una decisión: fuimos hijos de la necesidad. Yo me
recibí de abogado en 1966 y, bueno, todos los abogados de mi generación vivimos
una larga dictadura hasta 1983. Desde el principio, estuvimos como defensores
de los presos políticos. Fui abogado del Smata, y representar a un gremio
fuerte como ese, como después lo hice con Luz y Fuerza, hacía que al menos te
respetaran más en los tribunales. Nos dedicábamos a sacar de la cárcel a
compañeros detenidos en situaciones de hecho.
–¿Cómo reacciona el Poder Judicial cordobés a partir de 1974,
cuando la provincia comienza a vivir la dictadura por anticipado, con
secuestros y parapoliciales?
–En ese sentido, los jueces son los seres más sensibles del
mundo. Tienen la sensibilidad de las veletas (siempre hablando en general, no
en absoluto). Fallan y tratan los asuntos según cómo viene el viento. El mismo
juez que en la dictadura de Onganía te tenía mucho respeto porque a vos te
respaldaba un sindicato que era símbolo de la resistencia, después te ponía
otra cara. Hubo casos como el del juez federal Adolfo Zamboni Ledesma, que
estuvo presente en un asalto armado a Luz y Fuerza y no había ido como juez,
sino como alcahuete del brigadier Raúl Lacabanne y Héctor García Rey (N. del R:
interventor provincial en 1974 y jefe de Policía, respectivamente). Los jueces
responden según el viento.
–Y con el viento de la dictadura, ¿cómo se movieron en Córdoba?
–Bueno, la cosa ya venía desde el gobierno de Isabel Perón, con
estado de sitio, con ley de combate a la subversión. La dictadura recibe ese
Poder Judicial, sobre todo a la Justicia federal, que era la que recibía los temas
de lucha contra la subversión, y en Córdoba no mueve a nadie.
–¿Mantiene a los jueces apañados por dirigentes políticos, por
la Iglesia?
–Sí, es la misma Justicia que ayudan a armar (el obispo Raúl)
Primatesta y el general Luciano Benjamín Menéndez. Primatesta contribuye a
construir en la Justicia un imperio político que comprometió a dirigentes,
especialmente del radicalismo, pero también del peronismo. Menéndez, pese a su
antiperonismo, demostró ser políticamente muy hábil, y tejió, a nivel judicial,
algunos acuerdos. Después de la dictadura, Primatesta y algunos dirigentes
políticos querían limpiarse diciendo que habían intervenido ante los militares
para salvar algunas vidas.
–Eso habla del conocimiento que tenían.
–Eso era la prueba de las relaciones que habían tejido durante
la dictadura, y el escudo protector que tenían. Es una explicación
desafortunada porque, si salvaron a alguien, no fueron nada más que acuerdos
personales, puesto que sabían que había una masa numerosa de hombres y mujeres
que estaban siendo secuestrados y asesinados en falsos enfrentamientos. Fue un
período embromado, con abogados secuestrados.
A veces, a los habeas
corpus los firmaban los familiares solos, sin el patrocinio de
los abogados, y esta es una confesión que no nos debe avergonzar. Cuando
el habeas corpus era
rechazado y lo teníamos que apelar, ahí sí lo firmábamos nosotros. Igual, todos
sabían qué abogados éramos, si habíamos quedado tres o cuatro gatos locos.
–¿Además de usted, ¿quiénes más presentaban “habeas corpus” en
esa época?
–Me acuerdo de Luis Marcó del Pont, a quien los militares tenían
muy marcado y luego debió exiliarse; Luis Reinaudi, que se recibió en el 75 y
debutó con eso; Luis Angulo, quien luego fue ministro de Justicia provincial; y
David Galina, que fue abogado del Partido Comunista. Rafael Vaggione también
hizo defensas. Todos pasamos a ser perseguidos. Ser abogado en esas
circunstancias era un oficio con peligro de muerte. Además de Zamboni Ledesma,
había un juez, Gustavo Becerra Ferrer, nombrado y bendecido por Menéndez y
Primatesta, que me recibía las denuncias, pero me reprochaba diciendo que
Menéndez no había tenido nada que ver con el terrorismo de Estado. Dijo eso
hasta el inicio de la democracia.
–¿Ustedes ya se veían como abogados defensores de los derechos
humanos, o cuándo surge ese concepto?
–No, eso fue algo posterior. Acá se habla de derechos humanos
confundiéndolos o identificándolos con las tareas que uno hace o hizo en el
enjuiciamiento del terrorismo de Estado. Desde la APDH, a los derechos humanos
hoy los vemos desde otras perspectivas. No son propiedad de determinados
organismos, no somos los dueños. Muchos identifican sólo a Madres, Abuelas e
Hijos, pero también hay otras entidades que cumplieron un papel importante,
como fueron el Servicio Paz y Justicia (Serpaj), con Pérez Esquivel a la
cabeza, y María Elba Martínez, en Córdoba, o el Centro de Estudios Legales y
Sociales (Cels), que encabezó Emilio Mignone y hoy tiene como director a
Horacio Verbitsky.
–¿Qué sucedió? ¿Algunos organismos se quedaron con un concepto
de derechos humanos que se reduce a lo ocurrido durante la dictadura?
–Sí, eso se dio. Es delicado, pero es recién en esta última
etapa cuando comienza a identificarse a los derechos humanos con el Gobierno,
siendo que todos los organismos deberíamos ser independientes de los gobiernos,
porque los que violan los derechos humanos son los gobiernos, que son el rostro
del Estado. Recibir cualquier tipo de subsidio o contribución económica, más
tarde o más temprano lleva a confusiones. He visto a abogados de las causas por
la verdad agradecer en sus alegatos al presidente Néstor Kirchner. Muchachos…
¿qué fue lo que no vieron? Agradecerle a la APDH histórica, a la Liga por los
Derechos del Hombre, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es
la que en 1992 obligó al Gobierno argentino a seguir investigando las
violaciones a los derechos humanos pese a las leyes de Punto Final y Obediencia
Debida.
–¿Por qué el Juicio a las Juntas, realizado en Buenos Aires en
1985, no provocó que los juzgados federales del resto del país profundizaran
las investigaciones y juicios?
–Ahí se le escapó la tortuga a Alfonsín. El punto 30 de la
sentencia dice que los crímenes de lesa humanidad que ocurrieron en diferentes
jurisdicciones tenían que remitirse a esos lugares para continuar los juicios.
El Gobierno quería enjuiciar a los altos mandos y terminar con esto
rápidamente. Alfonsín cometió un error de porteño centralista. Ellos asumen,
cambian la Corte Suprema y la Cámara Federal de Buenos Aires, pero dejaron
intacta a la Justicia federal en el resto del país. Entonces, cuando llegan
estas causas, la gente que estaba en la Justicia federal en Córdoba era gente
de la dictadura. No sólo porque habían sido propuestos por gente de la dictadura,
sino porque tenían las convicciones de la dictadura. Hubo jueces, como Zamboni
Ledesma, que no actuaron por obediencia debida, sino por coincidencia
ideológica. A la Justicia federal llegaban personas que habían sido torturadas,
secuestradas, y esas denuncias nunca las llevaron adelante.
Las dos funcionarias que luego se dedicaron a las causas de
derechos humanos fueron la jueza Cristina Garzón de Lascano, que era secretaria
de Zamboni Ledesma, y la fiscal Graciela López de Filoñuk, que era secretaria
de Ricardo Haro, quien en 1976 pasó de defensor a camarista federal. Todos esos
funcionarios en la época de la dictadura sabían que se torturaba. Recibían
denuncias, veían los pedidos de habeas corpus.
–¿Por qué no se unificaron los juicios por la verdad histórica?
–Habría que haber hecho dos o tres juicios solamente. Hay gente
que está haciendo negocio con los juicios.
–¿Habla de abogados?
–Sí, y también de la Justicia. Para algunos puede ser dinero,
para otros se trata de una cuestión de poder o de prestigio. Es una cosa
miserable.
–¿Con esta dinámica, hay juicios para cuántos años más?
–Los juicios se tienen que ir agotando ya. Lo que pasa es que
hay intereses creados. Salvo los familiares, a estos juicios la sociedad ya no
les presta atención. A este ritmo pueden durar tres años más, pero, ahora,
quieren abrir la otra puerta, empezar a juzgar a los que colaboraron
económicamente con la dictadura.
–Lo que se llama la parte civil de la dictadura militar.
–Todas las dictaduras son cívico-militares. Toda dictadura, por
ejemplo, tiene que contar con el cuerpo cívico que se llama Justicia, que avala
todas las acciones. Quizá la conducta que tuvieron automotrices, como Mercedes
Benz o Ford, o el Ingenio Ledesma sean casos graves, pero no empecemos a generalizar.
En Córdoba, Renault y Fiat se portaron bien. Ahora, si nos vamos a poner a ver
qué hacía Rubén Libros, o Clarín o las empresas que cada uno señale… Y a todo
esto, los mismos tipos que señalan a otros con el dedo te quieren decir que el
general César Milani no tenía por qué saber lo que ocurría durante la
dictadura.
-¿Cómo ve que Milani haya tenido el apoyo de organismos de
derechos humanos?
–Bueno, más que organismos son personas con nombre y apellido:
Hebe de Bonafini y Estela de Carlotto, que son parte del Gobierno. No es toda
la organización Madres. La línea fundadora, por ejemplo, no tiene nada que ver
con esto. Bonafini ha dicho cada cosa... reivindicó ETA, los atentados contra
las Torres Gemelas, ha dicho cada tontería... es cruel criticarla. Más grave me
parece lo de Estela de Carlotto, porque se convirtió en un instrumento
político, colocó a su familia en cargos públicos. Es un fenómeno que pasa en
muchos ámbitos, pero que es particularmente doloroso en los organismos de
derechos humanos. También en Hijos, con alguna gente que está haciendo de la
desgracia de haber tenido un padre o una madre desaparecidos un carné para
ascender políticamente y vivir de este Gobierno. Gente con la que he compartido
mucho, que no tenían nada que ver con el kirchnerismo, y ahora son
hiperkirchneristas, y el brevet que exhiben es ser hijo de desaparecidos. Es
muy triste porque están negociando el apellido de sus padres. Es rufianesco, te
diría. Muy doloroso, pero lo hacen. En la Secretaría de Derechos Humanos de la
Nación ha habido gran cantidad de nombramientos, tiene como 1.300 personas y no
hay espacio físico para que esté ni la mitad. ¿Qué hacen esas personas?
Supuestamente militan. Cobran y militan.
–¿La Secretaría nacional también ha reducido su concepto de
derechos humanos a los episodios de los años 70?
–Han perdido los límites de la vergüenza. Fíjese que han
indemnizado a los atacantes montoneros muertos en Formosa y a los soldaditos
del cuartel les habían dado una asignación miserable. Las pensiones vitalicias
que han aprobado ahora las van a cobrar personas que ya han recibido
indemnizaciones. Los sobrevivientes de Malvinas ¿han recibido alguna vez
indemnización como ellos? Es muy absurdo. Hay una idea de reparación, como si
los presos políticos hubieran participado de una gesta histórica, y en
realidad, fueron víctimas con distintos grados de participación política. Dicen
que fueron héroes y mártires, es una falacia total. Fueron simplemente
víctimas, como lo podría haber sido cualquiera de nosotros.
Rubén Arroyo está en su departamento de calle Pueyrredón, frente al
Palacio de Tribunales. Libros, un mate, papeles. Está releyendo Un país
al margen de la ley , del jurista Carlos Nino, sobre violaciones
masivas a los derechos humanos en diferentes épocas y países.
Es una de las lecturas de consulta en estos días para el libro que está
escribiendo sobre sus experiencias profesionales y la historia reciente, violenta,
de Córdoba. Arroyo tiene un araña azul dibujada con venas en la punta de la
nariz. Ojos celestes, el cabello blanco lanzado hacia atrás, unas cejas con
pelos erizados como púas y una boca casi sin labios de la que brota una voz
ronca.
–Se habla también de investigar como crímenes de lesa humanidad los
ocurridos antes del golpe de 1976, durante el gobierno peronista .
–Hay quienes siguen insistiendo en considerar el terrorismo de Estado
como hijo de las dictaduras, pero, en realidad, el terrorismo puede venir desde
cualquier tipo de gobierno, aun de uno de origen democrático, como ocurrió en
Argentina. El terrorismo ya existía abiertamente en 1974, antes de la
dictadura, con fuerzas que actuaban ligadas al Estado. Una explicación de esto
es que cuando Alfonsín triunfa y envía la ley al Congreso, al llegar al Senado,
con mayoría peronista, ahí se decide que sólo se investigarían delitos a partir
del golpe del 24 de marzo de 1976, porque si iban para atrás quedaban
comprendidos todos los peronistas: Isabel Perón, el vicepresidente Ítalo Luder,
López Rega y muchos más. Ahí surge esta historia que considera que el
terrorismo de Estado es hijo de la dictadura militar. Eso no es cierto. Hay que
hablar también de los crímenes cometidos por fuerzas policiales y militares en
19 75. En Córdoba, se dio el fenómeno de que todo era centralizado, orgánico,
tanto lo militar como lo policial. No eran mafiosos aislados, de sindicatos,
por eso acá se forma el Comando Libertadores de América.
–¿Cómo fue trabajar cerca de Agustín Tosco en esos años, antes de que él
pasara a la clandestinidad?
–Estoy trabajando en un libro en el que voy a tocar el tema de las
organizaciones armadas y las relaciones que t uvo Agustín en aquellos años.
Agustín tenía relaciones políticas, simpatías personales, era independiente y
mantenía relaciones con el Partido Revolucionario de los Trabajadores, con el
peronismo, con el radicalismo, etcétera, pero tenía una enorme desconfianza de
Mario Firmenich y de los otros cercanos a él. Tosco da una definición de Perón
cuando le preguntan por la intervención de Córdoba: “Perón –dice– es un
especulador”. Esa época nos dio el privilegio de conocer a personas
extraordinarias. Tosco era una de las principales fi guras políticas del país.
–¿Lo consultaba a usted en asuntos legales?
–Él no necesitaba abogados laborales; él era su propio abogado. Tosco
tuvo abogados, pero por su situación de persecución y prisión. Conocía
muchísimo, era un hombre de una cultura extraordinaria, no sólo sobre la
cuestión gremial, sino también sobre toda la problemática de los derechos
humanos. Sus abogados le servían para mantener los contactos mientras él estaba
en prisión, respondía reportajes a través de sus abogados pese a que le habían
prohibido hablar con la prensa.
Un hombre comprometido
Rubén Arroyo es
copresidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Córdoba. Es abogado, y
lleva décadas dedicado a la problemática de los derechos humanos. Nació en Mar
del Plata hace 75 años y, debido a su tuberculosis, su familia se vino a vivir
a Córdoba cuando él tenía 17. Integró la Conadep Córdoba. Fue uno de los principales
opositores a la designación de César Milani como jefe del Ejército, decidida a
fines de 2013 por el Gobierno nacional. Tuvo cuatro hijos y tiene ya seis
nietos.
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